Alberto Ruiz-Gallardón, acaso el ministro del gobierno Rajoy más criticado por su manirrota gestión, sus amistades “peligrosas” con la izquierda política y mediática , así como por sus aún insatisfechas ambiciones, acaba de presentar propuestas legislativas que supondrán una bocanada de aire fresco en una partidocracia cada día más evidente y decadente.

Tampoco es que, como dicen los fácilmente impresionables, Gallardón vaya a resucitar a Montesquieu, que para eso en España no ha habido división de poderes que valga. Más lo cierto es que la medida, basta con ver lo furiosa que se ha puesto la oposición, y a falta de conocer su desarrollo exacto, es la primera medida realmente regeneracionista anunciada por el gobierno de Mariano Rajoy. Va en el buen camino. La vuelta al método de elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces establecida en la Constitución española y liquidada por el PSOE en 1985 ayudará a limpiar una atmósfera algo más que contaminada. Buena decisión también de cara a la seguridad jurídica, tan fundamental para salir de la crisis económica y política en que andamos metidos.

El PSOE, por supuesto, ha puesto el grito en el cielo. ¿Cómo se le ha podido ocurrir al PP anunciar su intención de desmontar una mínima parte del entramado montado a costa de los españolitos? ¡No lo permitiremos!, berreaba un portavoz en el Congreso. ¡Consenso!, claman, dejando claro que el dichoso consenso no es otra cosa más que la imposición a la sociedad de la ideología socialdemócrata, tan presente en la Constitución de 1978. Los nacionalistas, por supuesto, actúan de palmeros. Sin el control político sobre la judicatura difícil hubiera sido que el Constitucional diera el visto bueno a su enterrador, el Estatuto de Cataluña.

Da igual lo que griten. A los españoles la medida les ha sentado a gloria. Que se lo digan a Eduardo Madina, aspira a ser tercera vía en un partido en liquidación y derribo, a quien los twitteros respondieron indignados cuando anunció su oposición a la medida. Y es que la Justicia, ineficaz, cara y lenta, hace tiempo que es vista por los ciudadanos más como un problema que como un recurso para solucionar conflictos entre las partes. Su politización sólo la puede negar un cínico.

Felicitémonos pues por el anuncio. Celebremos también ese otro de introducción en nuestro ordenamiento jurídico de la cadena perpetua revisable para delitos especialmente graves, al modo y manera en que existe en otros países como Francia, Alemania, Bélgica, Austria o Reino Unido. Era un clamor social por más que a la progresía que niega la victimología y hasta la imposibilidad de reinserción de ciertos delincuentes le moleste.

Ruiz-Gallardón, normalmente tan políticamente correcto, se ha atrevido. Quizá es el único que, precisamente por su cercanía a la izquierda, podía hacerlo. Su futuro camino hacia Moncloa como relevo del actual presidente dependerá de si es capaz realmente de convertirse en el mejor ministro de Justicia de los últimos cuarenta años.

En todo caso, habrá que ver cómo se concretan los anuncios. De momento, y no es poco, estamos de enhorabuena.

Quién nos iba a decir que acabaríamos celebrando medidas de Gallardón.

Otrosí Ojo con la intención de imponer tasas en segunda instancia. Podría acabar sucediendo que la clase media, que en cuanto tiene mínimos ingresos deja de tener acceso a la llamada justicia gratuita (típico entramado del Bienestar del Estado), se quedara sin poder apelar. La Justicia no puede ser cosa de ricos y de las administraciones.

El País Vasco, gobernado por el rubalcabista Patxi López, volverá a manos del nacionalismo oficial en cuanto se celebren los comicios. Todos lo dan ya por descontado. En Andalucía podría producirse el vuelco histórico que ya se produjo en Castilla-La Mancha y Extremadura. Aunque, y pese al escandalazo de los ERE y la división interna de los socialistas, el error de Mariano Rajoy manteniendo y subiendo los impuestos ideológicos, echándose en brazos de la socialdemocracia, así como su nefasta política de comunicación, podrían dejar a los populares sin mayoría absoluta en el último momento. En Génova nadie se atreve a cantar la victoria del democristiano y todopoderoso Javier Arenas.

Este fin de semana los socialistas han elegido, en algunos casos entre reproches, a los delegados que votarán a su vez al nuevo Secretario General del PSOE en lo que denominan “congresillos”. Sorprendentemente el resultado es incierto. Los equipos de ambos candidatos, acostumbrados a la propaganda, se han adjudicado la victoria. Lo cierto es que los de Rubalcaba no las tienen todas consigo. Hace tiempo que ventean que el zapaterismo, el mismo proyecto político que ha dejado al PSOE con los peores resultados de su historia reciente y posiblemente abocado a su desaparición a medio-largo plazo, podría seguir instalado en Ferraz. Sería el fin de la formación que fundara Pablo Iglesias. Qué pena.

Interesante medida la anunciada hace unos días por Cristóbal Montoro: el político que se salte la estabilidad presupuestaria, que siga derrochando nuestro dinero como si fuera el suyo, podría incurrir en responsabilidades penales. Es decir, que como cualquier mal gestor privado el gestor de lo público deberá responder por sus actos. El gobierno lo incluirá en una futura Ley de Transparencia. Se trata de cumplir una promesa del programa electoral con el que Mariano Rajoy concurrió el pasado 20 de noviembre a las elecciones.

Ni qué decir tiene que el anuncio, sin duda hecho con la intención de ponerle las cosas bien claritas a los señores de los reinos de Taifas en vísperas del Consejo de Política Fiscal, ha causado un revuelo monumental. Barullo que ayuda a clarificar ante los ojos de la opinión pública cuál es la pretensión real de buena parte de la clase política española.

Los paganinis habituales, que son los españolitos de a pie, esos que se levantan a las seis de la mañana para sacar a su familia adelante y a los que la clase política lleva saqueando décadas para mantener el socialdemócrata Bienestar del Estado, celebran la propuesta. Escepticismo, conste, hay a raudales. Somos muchos los que no acabamos de creernos que el Partido Popular esté dispuesto realmente a meter en cintura a los manirrotos y nos tememos que Montoro pueda ser rectificado por su propio partido. Piensen en la Comunidad Valenciana, que está en quiebra y no precisamente por una mala gestión de la izquierda. Ya era hora, afirma la inmensa mayoría en las redes sociales. Un acierto que viene a taponar la vía de agua abierta en el buque popular después de que decidieran arrojar por la borda toda la ortodoxia económica que llevaban defendiendo desde hace décadas.

Empero, los políticos de la izquierda van por otro lado. Patxi López, jefecillo de taifas mientras no se convoquen elecciones regionales vascas, se pregunta fingiendo indignación que si acaso Cristóbal Montoro pretende meter en prisión a “medio PP”. Como si a él eso le preocupara. No engaña a casi nadie. El argumento resulta demasiado infantil. Alfredo Pérez Rubalcaba por su parte declara campanudo que la “ocurrencia” no llegará ni al próximo viernes, día del Consejo de Ministros. Gaspar Llamazares, entre falta de respeto y falta de respeto a la independencia del poder judicial a las puertas del Tribunal Supremo, pone el grito en el cielo. Los nacionalistas, acostumbrados a gastar en construir país mientras arruinan a sus súbditos, se desgañitan mostrando su oposición. ¡Exigir responsabilidad un político! ¡Jamás de los jamases! ¡Y penal! ¡El acabose! ¿Qué se han creído estos del PP?

Lo que causa los desvelos de todos ellos no es la preocupación de Patxi López por los despilfarradores del PP, que son legión. Sí que los españoles se caigan del guindo y descubran que esa máxima socialista que tan bien sintetizó Carmen Calvo, a la sazón inculta ministra de Cultura del PSOE, cuando afirmó aquello de que “el dinero público no es de nadie” es la gran mentira que nos ha llevado a donde estamos.

Que el 15-M ha degenerado, si es que acaso tuvo alguna vez posibilidad de convertirse en otra cosa, en un movimiento protagonizado por minorías de extrema izquierda es de sobra conocido. Recuerden las agresiones de las que fueron víctimas los jóvenes peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud, alguno de ellos incluso discapacitado, el pasado mes de agosto. O la chulería con la que esa misma marabunta allanó plazas y parques, instalándose en ellas durante semanas, violando la propiedad pública y perjudicando gravísimamente el comercio de la zona. Una bravata consentida por el gobierno, entonces dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero, siempre tan complaciente con todo grupo violento. Como bravata fue la decisión de okupar, mientras la entonces delegada del gobierno en Madrid miraba hacia otro lado, propiedades privadas, que fueron saqueadas.

Perdidos el protagonismo y la capacidad de convocatoria, ya no engañan a casi nadie, las algaradas protagonizadas por estos grupitos marginales son cada vez más pueriles. La penúltima ocurrencia ha sido la intentona de entrar sin pagar en el Metro de Madrid mientras coreaban consignas tan infantiles como “que lo pague Urdangarín”. El resentimiento que tan magníficamente describiera Ludwig von Mises en sus raíces psicológicas del antiliberalismo es lo que mueve a estos muchachos, incapaces de entender el funcionamiento de las sociedades libres.

Vayamos al lema: “yo no pago”. Parece ser que estos jóvenes, que se niegan a aceptar responsabilidad alguna por sus actos y creen que aquello que se les antoja lo pueden tomar por la fuerza bruta, consideran que pueden decidir cuándo pagar por los servicios recibidos y cuándo no. ¿Que les disgusta la subida de tarifas del transporte público (otra discusión es si debería existir o ser subvencionado) o una campaña publicitaria o, sencillamente, la sociedad en la que viven? Pues ellos, que son los más chulos, en un cutre remedo de “la ley soy yo”, deciden que no pagan. Y quedan para saltarse los tornos. Si la policía carga contra ellos se ponen a gimotear y a acusar a quien hace cumplir la ley de “violencia policial”.

Los medios de comunicación, siempre tan serviles ante quienes están dispuestos a pisotear la propiedad privada siempre que no sea la suya los llama indignados. Empero, resulta que indignados estamos casi todos contra un Estado Minotauro que ya no garantiza absolutamente nada y contra unos gobiernos ineptos que, de la mano de la fracasada socialdemocracia, nos han llevado a dónde estamos y de donde no parecen querer sacarnos si ello supone tener que renunciar a sus privilegios de casta.

Claro que, si se nos ocurriera aplicar el “yo no pago” a, por ejemplo, las subvenciones a sindicatos, patronal y partidos, o al IRPF que el gobierno ha decidido subir hasta niveles confiscatorios, seguro que esos mismos medios no nos reirían la gracia. Y el caso es que sería mucho más legítimo que la barbarie de esos grupúsculos que tanto gustan a la progresía de izquierdas y derechas.

Por fin es oficial. Alfredo Pérez Rubalcaba y Carmen Chacón, antaño buenos amigos y ahora rivales son ya precandidatos a la Secretaría General del PSOE, verdadero centro de mando de la formación que fundara Pablo Iglesias. Ha comenzado con mejor pie el madrileño, doblando en número de avales a la catalana. Empero el resultado está abierto. Nadie en el PSOE se atreve a pronosticar quién saldrá victorioso.

La bronca socialista, que es la batalla entre el felipismo y el zapaterismo y que determinará el futuro de la histórica formación política, no parece interesar en demasía a la ciudadanía. Normal, quien gobierna es el Partido Popular del desaparecido Mariano Rajoy, quien tiene más que enfadada, por mucho que alguna empresa sociológica salga en su ayuda, a su parroquia a causa de la brutal y confiscatoria subida impositiva, tan contraria no sólo a su programa electoral sino también a los principios de la mayoría de sus votantes, que creen con razón que subir impuestos no sirve para recaudar más sino todo lo contrario.

Pero volvamos al PSOE: ambos candidatos socialistas a ganar en febrero el XXXVIII Congreso del PSOE representan el pasado. En el caso de Rubalcaba, casi todo el pasado de los últimos treinta años. Del GAL al Faisán. Por más que su gente se empeñe en decir en privado y la de su rival lo diga en público que él no aspira a ser candidato a presidente de gobierno, sino a gestionar la transición de un PSOE que pasa por su peor momento desde 1977. El País, con alguna excepción, se volcará con él. Chacón, señora del mediático Barroso, representa la esencia del desprestigiadísimo zapaterismo de la nación discutida y discutible, el Estatuto de Cataluña y la negociación con ETA. Para colmo, Carmen, que eso de Carma ahora no se estila, está apoyada por ese gran faro que ilumina el socialismo patrio llamado Leire Pajín. Un desastre. Si Pedro J. no lo remedia. Rodríguez Zapatero, que apoya a Chacón, ha prometido neutralidad. Nadie se lo cree.

El debate de ideas sencillamente no existe. Existe una lucha por el “quién”. Ambos candidatos andan por ahí prometiendo las viejas y fracasadas recetas de siempre, la expansión incontrolada del Estado, la intervención en todos los ámbitos de la vida pública y también privada, memoria histórica, laicismo, feminismo socialista y perspectiva de género… ¡hasta Platón, precursor del marxismo, ha sido reivindicado! Ni una sola propuesta de regeneración se ha podido escuchar en los discursos, pronunciados uno, de mayor enjundia, en la sede de la UGT y en Andalucía, vacuo hasta la náusea, el otro. Quizá ese sea otro de los motivos por los que a pocos interesa la bronca interna. Resulta demasiado evidente que se trata de una bronca por colocarse en los pocos puestos que han quedado disponibles después de los tsunamis de las autonómicas, las municipales y las generales

En todo caso, la pelea ha comenzado. Será dura. Y decisiva.

Que el PP iba a derogar el canon digital no puede sorprender a nadie. Desde 2008 lo llevaba anunciando en su programa electoral. Lo abracadabrante ha sido la decisión de sustituir el convoluto digital, expoliado a PYMES, autónomos y ciudadanos y decretado ilegal en varias sentencias, por el expolio de toda la sociedad en forma de la denominada “compensación por copia privada”. Y es que ahora las entidades de gestión de derechos de autor, que están encantadas de la vida porque el PP les ha solucionado de golpe y plumazo la impopular papeleta y no han devuelto aún que se sepa lo indebidamente cobrado, seguirán llenando sus arcas a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. O sea, que mientras que se recorta la productividad a los funcionarios, se machaca a las clases medias que trabajan gravando hasta niveles confiscatorios el IRPF, se penaliza el ahorro y se expolia a los pequeños propietarios en forma de IBI para mantener el despilfarro municipal, los de la SGAE seguirán engrosando sus cuentas bancarias a costa de todos los ciudadanos.

Como si no sólo esto fuera suficiente para escandalizar al personal, José María Lasalle, defensor de un curioso liberalismo apellidado “simpático” (ya se sabe qué hay de cierto cuando se adjetiva un sustantivo) nombrado Secretario de Estado de Cultura, presidirá la temida Sección Segunda creada por Ángeles González-Sinde para ganar aquello que la Justicia iba denegando y que decidirá, con mínima intervención judicial y siempre limitada a la ejecución de la medida decidida por los comisarios políticos, qué webs tienen derecho a existir y cuáles no. Todo un canto al totalitarismo que desde la Asociación de Internautas, advierten, será denunciado ante el Tribunal Constitucional –como si éste fuera garante de algo; ilusos-. ¡Qué fácil tenían arrinconar la aberración socialista para ponerse a redactar una nueva Ley de Propiedad Intelectual que, conjugando los intereses en juego y respetando las reglas del juego democrático, fuera acorde al siglo XXI! Sin embargo, han elegido quedarse atrás. E intentar que el resto tampoco avance.
Queda en el aire si se perseguirán las páginas que contengan enlaces, aunque me temo lo peor. Esta gente no entiende lo que es la Red: un gigantesco enlace. La policía del pensamiento 2.0 ha sido creada por el gobierno de Mariano Rajoy al tiempo que deja desprotegidos a los autores que deciden publicar libremente sus obras. Genios.

Además de ineficaz, no se enteran que no se le pueden poner puertas al campo, la legislación recién aprobada desincentivará uno de los sectores con mayor futuro, que es el tecnológico. Varapalo pues, a los emprendedores. En Estados Unidos, en donde la sociedad civil está mucho más organizada y los emprendedores sienten menos temor ante el poder político, las grandes compañías de internet, de Facebook a Linkedin pasando por Wikipedia, Twitter o la mismísima Google, podrían ir al a huelga el próximo 23 de enero para protestar contra la SOPA, que no es otra cosa más que la Ley Sinde-Wert en versión useña.

Quizá, sólo quizá, cuando ese día José Ignacio Wert y José María Lasalle intenten acceder a la Web y les falle casi todo se darán cuenta de la barbarie cometida. Google, el gigante portal de enlaces, no hubiera podido nacer en España con esta injusta ley. Debido a gentes como ellos. Menuda tropa.

Por sorpresa, casi a traición, el gobierno de Mariano Rajoy anunciaba para desconcierto y mosqueo de sus votantes la mayor subida impositiva de las últimas décadas. Adiós a eso de que subir impuestos sería “la puntilla para las familias”. Subida de corte socialdemócrata que gravará, es decir castigará, el trabajo en todos sus tramos impositivos. Especialmente, que la demagogia manda, el de las rentas más altas. Rentas que no son las de los más ricos de las SICAV. El gobierno gravará la productividad de forma confiscatoria (hasta el 55%). Lo nunca visto. Ni en Suecia. 7 puntos de subida de golpe. Volvemos a la fiscalidad de la era Felipe González, al “no, gracias, que me sube el tramo”. Adiós a la ortodoxia económica que hizo posible el llamado “milagro económico” de los gobiernos de José María Aznar. De la escuela austríaca mejor ni hablamos. Del IBI tampoco, que a todos se nos pone cara de vinagre al pensar que nos lo vuelven a subir para pagar el despilfarro municipal. Del tranvía de Tomás Gómez a los polideportivos imposibles de mantener en numerosos municipios. Hemos vivido como nuevos ricos, muy por encima de nuestras posibilidades, y parece que el PP ha decidido poner por delante del bien común el electoralismo partidista. Andalucía en el horizonte. Error monumental que no evitará, hay que recortar otros 20.000 millones, una primaveral subida del IVA.

Lo sorprendente es que muchos se feliciten y afirmen eso de que “no había más remedio” que expoliar a asalariados y autónomos. Falso. Nadie obliga al gobierno a subir impuestos y machacar, para controlarlas empobreciéndolas y haciéndolas depender de subsidios varios, a las clases medias. Nada obliga a elegir como ideología el socialismo. De derechas en este caso. Cuando uno está endeudado hasta las cejas -y por el de las cejas- puede optar por reducir la deuda recortando el gasto. Mucho más de lo que se ha hecho. Empezando por el 100% de las vergonzosas subvenciones a sindicatos (a éstos ZP les había subido un 50% el convoluto), patronal, partidos políticos, titiricejas y demás paniaguados. Incluyendo esos chiringuitos de formación al desempleo en los que los españoles metemos cada año más de 2.000 millones de euros para que haya cinco millones de parados pero Méndez y Toxo vivan a cuerpo de rey. O como yerno de rey.

Dicen desde el PSOE, hay que tener la cara de cemento armado cuando son ellos los del 8% que posiblemente sea aún más, que la desviación ha sido causada por las Comunidades Autónomas. Algunas de ellas, como Castilla La Mancha o Cataluña, gobernadas por los de Rubalcaba hasta antes de ayer. Otras arruinadas por el PP, caso de Valencia.

Tiene razón Rubalcaba. Las Comunidades Autónomas son la verdadera madre del cordero, el lastre de nuestra economía, la imposición de 17 mercados, 17 parlamentos autonómicos, cientos de diputados, Directores Generales, decenas de Consejeros y Viceconsejeros, empresas públicas, duplicidades y hasta triplicidades, además de lugar en donde pasta una casta política acostumbrada a vivir del cuento. Lo que sucede es que teniendo razón y poniendo el dedo en la llaga no se entiende que el PSOE de Rubalcaba, que dice querer ahora vertebrar la España desvertebrada por Zapatero con su silente complicidad, no proponga, al modo y manera de los Länder alemanes, la fusión de algunas de ellas o incluso el reconocimiento del fracaso del Estado de las Autonomías de los más de 200.000 millones de euros anuales. Que es lo único que realmente puede solucionar la crisis política y económica que sufrimos.

¿Por qué no lo hace? En primer lugar porque el PSOE está preso de su propio pasado, tan cercano a los nacionalismos y a las fuerzas disgregadoras. Y en segundo lugar porque todo es un teatrillo. Al fin y al cabo Mariano Rajoy, con su decisión de cargar el peso del fracaso sobre los hombros de las clases medias, ha demostrado que él es el consenso. Y eso a Rubalcaba no debe haberle disgustado en absoluto. Si la sociedad civil no despierta nos espera mucho sufrimiento.

Vaya por Dios. Ahora resulta que Alberto Ruiz-Gallardón no podía dejar la alcaldía de la capital pese a que media España era consciente de la ambición del que fuera Secretario General de la Alianza Popular de Manuel Fraga. O que Ana Botella no puede ser alcaldesa de Madrid porque a ella, número dos en la lista cerrada y bloqueada del Partido Popular, no la ha votado directamente el pueblo como mandamasa.
Jaime Lissavetzkyocomosediga afirmó el día de toma de posesión de la madrileña que una cosa es la legalidad y otra la legitimidad. Pues bien, la legitimidad del sillón de alcalde de Ana Botella es la ilegitimidad de todo el sistema, en el que no existe representación. Ningún alcalde ha sido elegido directamente por el pueblo. A Botella la han elegido como alcaldesa los mismos que eligieron en su día al ahora Ministro de Justicia: los ediles madrileños. Y es que en España los ciudadanos no elegimos ni a nuestro Presidente del Gobierno, que es elegido por los diputados, ni a nuestros alcaldes, ni a casi nadie. Pese a las apariencias, que ésta vez parece no han podido ocultar la realidad. Y de ahí el mosqueo del personal que empieza a intuir que tal vez el problema sea más serio que la nefasta Ley Electoral que algunos, pretendiendo arrimar el ascua a su sardina electoral, quieren cambiar.

Resulta también que un tal José Blanco, azote de corrutos que negó la presunción de inocencia a sospechosos, acusados, imputados y hasta nombrados en un sumario por el mero hecho de ser estos del PP, va a ser investigado por el Tribunal Supremo al encontrar la juez del “caso Campeón” serios indicios de presunto trinque en los encuentros en la tercera fase del entonces ministro con el empresario Dorribo en una gasolinera. Lo más normal del mundo eso de que los ministros se junten con empresarios delante del surtidor de gasóleo, aducía Blanco. Lleno, por favor, se pitorrean desde que se conociera el escándalo los ciudadanos. Dicen que José Blanco, alias Pepiño, “(“no hay caso ni lo habrá”) está psicológicamente hundido. Pero, oigan, ahí sigue, agarrado al escaño como una lapa. Es evidente que por pura coherencia personal debería asumir sus responsabilidades políticas, las mismas que él exigía a los demás, e irse a su casa. Según su propia teoría, carece de legitimidad al menos moral para seguir ocupando un escaño.

Y luego está lo de Urdangarín, cuya imputación judicial se conocía ayer. La familia real, símbolo de unidad familiar gracias al “Hola” y a los cortesanos de los minutos y minutos de aplauso facilón, se ha roto. Por un lado andan el heredero del trono y su ambiciosa esposa y por otro las Infantas y la Reina. El Rey, verdadero objetivo de la operación, parece ha resistido el envite y no abdicará. De momento, que cuentan en la Villa y Corte que podrían estallar nuevos escándalos en un momento en que la imagen popular de la Monarquía –y eso incluye a todos, menudo error de cálculo- está seriamente dañada.

Es lo que le faltaba a Mariano Rajoy, a quien José Luis Rodríguez Zapatero ha dejado el campo sembrado de minas.

Bronca pública disfrazada de pomposos manifiestos. Los de Carmen Chacón se han lanzado a degüello contra la gestión del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Como si la mujer de Barroso no hubiera formado parte importante del mismo; como si ella no fuera heredera del zapaterismo de los cinco millones de parados y la crisis política; como si ella no hubiera sido una más en el grupo de los nefastos ministros de la ingeniería social, la negociación con ETA y la hecatombe económica. Los de Alfredo Pérez Rubalcaba, en el papel de indignados, contraatacan denunciando la hipocresía de quienes, como él, fueron silentes cómplices en el desaguisado y ahora parece pretenden borrar el pasado reciente. Secretarios de Estado cesantes abundan entre los firmantes en apoyo a Rubalcaba. Y de su propia gestión.

Lo más rocambolesco del asunto, cómo no, el propio Zapatero. Y es que ZP, quien pretende tutelar su propia sucesión, sigue sin dimitir y asumir su responsabilidad en el fracaso mientras ejerce en apoyo… ¡de sus supuestos críticos! Una tomadura de pelo monumental. Una estafa en toda regla.

¿Dónde está la democracia interna de la que tanto presumen en la formación que fundara Pablo Iglesias y cuya falta tanto achacaron al PP cuando aquél congreso a la búlgara de Valencia que supuso la renovación de Mariano Rajoy como líder del centro derecha? ¿Cómo es que nadie en el PSOE osa alzar la voz y denunciar la realidad? ¿Cómo es que nadie exige la dimisión inmediata de toda la Ejecutiva y una verdadera renovación del partido? ¿Por qué tanto Chacón como Rubalcaba siguen tomando por lelo al personal y niegan estar liderando candidatura alguna e incluso saber más que el resto de los manifiestos?

Más grave: ¿hay acaso banquillo socialista? Porque, no nos engañemos, Rubalcaba, el preferido por el felipismo, ha sido perejil en todas las salsas desde hace décadas y por ello representa el pasado (y, por tanto, la decepción), mientras que la autoproclamada niña de Felipe, responsable de la derrota histórica del PSC el pasado 20 de noviembre, supone un “más de lo mismo”, la continuidad de la vacuidad intelectual. Ambos están condenados a fracasar. Debate ideológico, algo complicado para quienes siguen defendiendo recetas anticuadas propias de siglos pasados, apenas existe. Se discuten los nombres, no las ideas.

Si el fratricida enfrentamiento entre ambas facciones continúa el PSOE podría incluso fracturarse. Felipe González empieza a estar seriamente preocupado.

Intriga hasta el último momento. Como si de una buena novela negra se tratase Mariano Rajoy consiguió mantener en suspense tanto a los espectadores como al resto de protagonistas del libro que comenzó a escribirse el pasado 22 de diciembre, día de su investidura como presidente de gobierno. Compañeros de reparto esperaron ansiosos la llamada de teléfono que parecía no iba a llegar nunca. Nervios y más nervios entre suspiros de “qué hay de lo mío”. Algún móvil no llegaría a sonar. Hasta poco antes de hablar con el monarca, muy tocado por el escándalo Urdangarín –al final la operación no salió como se esperaba y la onda expansiva podría llegar a dejar seriamente lesionados a sus ideólogos-, chitón. Sólo Sáenz de Santamaría, vicepresidenta única y todopoderosa, estaba al tanto.

Equipo compacto de personas capaces. Gustan a casi todos los nombramientos hechos en el área de economía. Por más que algunos se empeñen en culpar a De Guindos de la crisis aludiendo a su trabajo pasado en Lehman Brothers. Empero, la política, la división de poderes, la representación, ni están ni se las espera. Arrancaba el cambio el pasado lunes con un discurso de investidura en el que se anunciaban medidas concretas en el terreno de lo económico pero no se hablaba de Justicia, regeneración, corrupción o terrorismo. De ahí que a muchos el discurso de Rajoy nos supiera a poco. La crisis económica, al fin y al cabo, es parte de la crisis del sistema. Y del sistema, justo del sistema, no se habló.

El sociólogo José Ignacio Wert ha sido el elegido por Mariano Rajoy para ocupar la importantísima cartera de Educación, Cultura y Deportes. Concejal electo en 1983 por el PDP (partido democristiano) por el ayuntamiento de Madrid es defensor con matices de la totalitaria Ley Sinde y garantiza por tanto que el mosqueo de la izquierda cultureta contra el PP no va a ser demasiado grande. Seguirán cantando a la alegría.

Escribía Wert a principios de este año un artículo publicado en El País, dónde si no, en el que metía en el mismo titular a delincuentes y libertarios (“Peristas y libertarios” se titulaba). Los libertarios, en Europa liberales, son para él “los nuevos bárbaros”. Tremendo. Pero es que además, el hoy ministro del ramo al cual la compensación por copia privada no le debe ni de sonar, demostraba desconocer que no todo el monte es extrema izquierda y que existen movimientos como Libertad 2.0 que, defendiendo la propiedad privada y, por tanto, los derechos de autor, son contrarios al liberticidio de Sinde y exigen la redacción de una nueva Ley de Propiedad Intelectual que gestione dichos derechos en forma acorde al siglo XXI. Temo por tanto que tendremos Ley Wert en defensa de los intereses de editores y artistas. Y la red en llamas nuevamente. Espero equivocarme.