Al menos González Sinde, alias Sindescargas, no ha conseguido imponer que su comisión de lacayos de la ceja (el navegante que acepte formar parte, que lo habrá, será a buen seguro repudiado por la comunidad internauta) sea la que decida sobre el futuro de todas y cada una de las páginas de internet. Y es que el cierre de una página no podrá llevarse a cabo sin autorización judicial. Vamos, que los del gobierno, asustados por la que se ha liado, no permiten, de momento, cargarse eso del poder judicial. Eso sí, la criminalización del internauta por parte de los tecnófobos empeñados en mantener un copyright obsoleto y privilegios propios de un régimen feudal continúa, empeñados como están en liquidar el derecho a la copia privada que existe en nuestro país. Será esta comisión la que denuncie ante la Audiencia Nacional a los webmaster en cuyas páginas se alojen contenidos que los miembros de la comisión consideren delictivos. Y por considerar consideran ilegal incluso que una web enlace a una página que a su vez ofrezca la posibilidad de descargar contenidos sujetos de derechos de autor. O sea, que con la “ley ZP 0.5” a Google le quedan dos telediarios.

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