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¿Quién dijo que la defensa de la libertad no podía ser causa común de gentes de las mal llamadas izquierdas y derechas? Acaba de nacer, de la mano del grupo de internautas que lanzaron a la red el “Manifiesto en Defensa de los Derechos Fundamentales en Internet” que suscribieron más de 200.000 personas en Facebook, la iniciativa “redsincensura.es”, alrededor de la cual se han juntado socialistas y liberales. Libertad 2.0, por supuesto, apoya tan magnífica iniciativa.

¿Y qué hacemos juntas personas tan distanciadas políticamente? Defender un objetivo de mínimos compartido por la inmensa mayoría de los internautas: evitar la censura en la red que la Ley de Economía Sostenible (LES o Ley Sinde) del gobierno de Rodríguez Zapatero pretende introducir el ordenamiento jurídico español. Modificación legislativa que sigue su trámite parlamentario y que supondrá sustraer los conflictos entre privados, cual es el caso de los pleitos SGAE vs internautas, al derecho civil y/ó mercantil, para ponerse de lado de una de las partes. Que es lo que hace, en este sistema del pilla-pilla, el Estado cada vez que interviene: otorgar privilegios de carácter feudal a unos, los amigos, en detrimento de otros, los ciudadanos convertidos en súbditos. Comportamientos como el intercambio de libros, discos o archivos, que hasta hoy habían sido considerados no punibles pretenden ser sancionados mediante la nueva ley, que castigará además, no sólo las páginas que contengan contenidos ilegales como la pornografía infantil, sino, en clara demostración de que el ejecutivo español aún no se ha enterado qué es Internet, también a las páginas que enlacen páginas de descargas. Se trata con esta iniciativa, de rebelarse frente al CAC hecho a medida de la red. Algunos tal vez tengan que plantearse por qué sólo se alzan contra el gobierno cuando la censura les toca a ellos, pero esa es otra cuestión.

Desde Libertad 2.0 hace meses que se había anunciado: en caso de salir adelante la LES, tal y cómo está formulada, denunciarán a Google ante el comisariado político que va a imponer González Sinde, pidiendo su cierre. Y entonces veremos qué hace la administración. El gobierno y sus comisarios deberán retratarse. Si cierran el acceso a Google el carácter totalitario de la ley y sus impulsores habrá quedado evidenciado. Si no lo cierran pero sí lo hacen con otras webs sencillamente por contener enlaces… quedará claro que la LES no es más que una ley de censura, en absoluto propia de un sistema que se dice democrático.

Lo lógico sería un modelo de gestión de derechos de autor acorde con el siglo XXI, que respetase la propiedad privada de terceros, así como la libertad del autor a gestionar su obra como mejor le parezca. Gracias a la tecnología que tanto detestan los reaccionarios, empiezan a aparecer modelos de gestión alternativos y, lo siento Teddy, ya no son necesarios los intermediarios. Lo que no es de recibo y jamás debería de haberse consentido, es el atraco contra el ciudadano en que entidades privadas han convertido la propiedad intelectual.

Hay que ir a un modelo no basado en privilegios, sin subvenciones, sin concesiones administrativas. Los derechos de autor deben de estar en manos de sus verdaderos dueños, que son los autores, víctimas de todo este sistema colectivista. Un modelo de gestión de derechos de autor en el que el gobierno no “conceda graciosamente” derechos de autor como si fueran un regalo, sino un modelo en el que el gobierno se limite a certificar quién es autor de una obra y proteja el derecho exclusivo de su dueño al uso y disposición de su propiedad, como protege –cada vez más limitadamente y si no vean lo del movimiento “okupa” definido por los enemigos de la sociedad abierta como “movimiento cultural”- al dueño de una vivienda.

Un derecho éste, por cierto, que no puede ejercerse a perpetuidad porque entonces, nuevamente de palabras de Ayn Rand, “conduciría a lo opuesto al mismo principio en el cual se basa: no a la recompensa devengada del logro, sino al sostén inmerecido del parasitismo”. Que es lo que en la actualidad sucede. Y no sólo en esto de la propiedad intelectual.

Artículo publicado en Diario Siglo XXI

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