El lunes, a eso de las ocho de la tarde saltaba la noticia que incendiaba Internet: PSOE, PP y CiU habían negociado en secreto, o sea, sin transparencia y de espaldas a la ciudadanía que es como la casta política suele actuar, la aprobación de la llamada Ley Sinde, que por no ser no es ni ley, sino que es una disposición introducida en la Ley de Economía Sostenible y que, escondida detrás de una supuesta protección de derechos de autor ya protegidos por la legislación vigente, pretende conseguir por la vía de la administración lo que la Justicia hasta ahora venía denegando.  De ahí la postura de la Asociación de Empresas Digitales (600 millones anuales de facturación), que se acaban de unir a la protesta denunciando la inseguridad jurídica y las trabas para el desarrollo de negocios de innovación tecnológica que el despojo legal crea.

Con todo, lo más grave es que estamos ante una verdadera ley de censura que no será sólo aplicada a páginas web con ánimo de lucro que vulneren derechos de propiedad intelectual. Con esta ley, que considera punible enlazar a páginas con contenidos protegidos por derechos de autor, se podría cerrar hasta Google.  Afortunadamente, como nuestros próceres siguen anclados en siglos pasados no se han dado cuenta que técnicamente será inaplicable. Bastará con que los servidores se encuentren situados en el extranjero para hacerle un corte de mangas a Alejandro Sanz. Algún recurso más hay, pero mejor no se lo cuento, no sea que rectifiquen el engendro. Tiempo habrá.

La postura del PSOE ha sido la esperada. Estaba claro que Sinde apoyaría privilegios para su gremio a costa de los derechos de los ciudadanos. La sorpresa la daba el PP, que hasta hace nada denunciaba la “policía cultural” que pretende implantar el gobierno. Pasados los días se van conociendo presiones  a las que habrían sido sometidos los genoveses. Desde cables de Wikileaks en donde el embajador norteamericano se compromete a hablar con líderes del PP para que dejen de reunirse con internautas, hasta llamadas de editores que publican libros de importantes líderes del centro-derecha o toma de posición de miembros del think tank oficial… A tal punto ha llegado la cosa que el PP ha retirado su veto a la totalidad de la nefasta Ley de Economía Sostenible con tal de sacar adelante su acuerdo para la Ley Sinde.

Pero populares y socialistas tienen un problema: Internet ha estallado. Deduzco que los políticos, que desde la victoria de Obama se empeñaron en fingir interés por la cosa aunque su objetivo, siempre el mismo objetivo, fuera controlar a los internautas, aún no han captado que en Internet no se ganan votos pero es sencillísimo perderlos por miles. La red es una herramienta que puede ayudar a crear una corriente de opinión que podría llevar al político de turno a ganar unos comicios. Es lo que hizo el presidente demócrata useño. Pero, como he señalado,  mucho más sencillo que ganar votos en la red es perderlos. Y la corriente imparable que circula por las redes sociales es una llamada, desde la izquierda y desde la derecha, a no votar a los tres partidos responsables de la “vuelta a la Inquisición”.

El régimen impondrá su ley de censura pero, a buen seguro, que la factura en términos de coste electoral va a ser mucho más elevada de lo que la casta se piensa.

 

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