“Coincide el estallido público del escándalo con la primera vez que en la encuesta del CIS la Monarquía suspende en la valoración que de ella hace la ciudadanía”
Zarzuela guarda silencio. Aunque la preocupación, por lo evidente, debe de ser más que notable. Iñaki Urdangarín, yerno real, cuñado real, esposo de la Infanta Cristina, podría ser condenado a hasta quince años de prisión por malversación de caudales, fraude, cohecho y tráfico de influencias en el caso “Palma Arena”. Caso de corrupción que instruye desde hace meses en el Juzgado nº 3 de Palma de Mallorca el magistrado José Castro. Ciertamente, no es todo tan chusco como en el otro escándalo que viene ocupando portadas en los últimos tiempos, el “caso Campeón”. El yerno del Rey no acudía, a diferencia de José Blanco, contra quien se acumulan más que indicios y ahí sigue tan colocadito sin pensar en asumir responsabilidad política alguna, a gasolineras a llenar la bolsa. Pese a que estamos hablando de millones de euros y no de tres trajes, de momento parece que por parte de la Fiscalía Anticorrupción no habrá petición de imputación. Para colmo de desdichas, por cierto, Iñaki Urdangarín no tuvo mejor idea que meter en una de las sociedades bajo sospecha, aunque como mera comparsa por lo que cuentan en los mentideros, a la hija menor de los Reyes.
El caso es que el cerco se va estrechando entorno al único yerno del Rey. Y más después del registro que las autoridades efectuaron en la sede del Instituto Nóos hace unos días cuando se habría descubierto la desviación ilegal de dinero ajeno mediante la emisión de facturas falsas. El brazo derecho del silente Duque de Palma, Diego Torres, ha sido imputado. Ambos, ex jugador de balonmano y Torres, aparecen en el auto dictado por el juez Castro como creadores de una trama corrupta destinada a llevárselo crudito, por lo visto hasta 8 millones, gracias a favores de los gobiernos autonómicos de Valencia y Baleares, entonces en manos del Partido Popular. La marcha a Washington de la familia podría estar relacionada con la investigación judicial, me cuentan.
Coincide el estallido público del asunto, llevaba latente meses, con la primera vez que en una encuesta del CIS la Monarquía suspende en la valoración que de ella hace la ciudadanía. También con las declaraciones de un directivo de la Deutsche Bank que avisa que el final de semana en el que nos encontramos podría ser “definitivo” para la UE. Y en España con el fin de un ciclo político, acelerado por el hundimiento del sistema de economía mixta. Ciclo que comenzó en 1978 y que finiquitó por las bravas, en contra de la Ley pero no del político y desprestigiado Tribunal Constitucional, el Estatuto de Cataluña. Porque en eso estamos. En el fin de un régimen. El ocaso de la Transición. El runrún de quienes intentan salvar en el último momento y a la desesperada el consenso socialdemócrata se hace cada día más ensordecedor. Hay que intentarlo, piensan. Se juegan sus privilegios, que creen consolidados.
El escándalo está servido. Entretendrá al personal mientras casi todo se va al garete.
Es war einmal... 
En Esaña no tenemos una prima de riesgo: tenemos un «yerno» de riesgo
Saludos
El asunto puede ser truculento, sin dejar de ser inmoral hay muchas papeletas para que no haya nada ilegal, al menos por parte del duque, de su socio o de sus empresas. Ni siquiera el fiscal lo imputa. Posiblemente sea el fiscal el que tenga que explicar el barullo que ha armado, sin base legal que lo justifique, dando la impresión de ser un claro ardid para aparcar al campeón gasolinero.
Hace un rato he visto de refilón una intervención de M.A. Rodríguez en una terturlia TV y se preguntaba que quién es el fiscal para decidir el precio de los trabajos contratados, ni para decidir los que son caros o son baratos. Mucho menos para salpicar a empresas que se han limitado a suministrar trabajos ofertados, y que han resultado del interés, conformidad y aceptación del contratante.
Eso es lo que hay. Es lo único que tiene el fiscal. Una sospecha de ilegalidad en base a «precios desorbitados». Y tal vez lo sean, pero eso no prueba ilegalidad al ofertante, aunque pudiera probar negligencia u omisión al contratante, por aceptar precios abusivos a cuenta del contribuyente. Pero en un mercado libre, es el ofertante el que decide líbremente sus precios, (sin ninguna limitación legal ni al alza ni a la baja), no el contratante ni mucho menos el fiscal.
En este caso en el que el contratante es un cargo público obligado a velar por el interés general, está obligado a obtener la mejor relación precio calidad, del mercado, aportando varias ofertas. El Duque pudo aportar varias ofertas con los diferentes membretes de sus propias empresas, asegurando la aceptación en una de ellas, y es aquí donde el asunto ofrece alguna sombre de sospecha razonable, compartida con el responsable político, que debió investigar a esas empresas antes de proceder a su adjudicación. Pero aunque eso se ha publicado, no debe estar tan claro cuando ni fiscal ni juez imputan.
Por lo que hay indicios de inmoralidad pero hasta el momento pocos o ninguno de ilegalidad imputable al Duque. Algo que en el negocio gasolinero del ‘campeón’, parece estar bastante claro. El primero podrá ser condenado por la opinión pública mientras que el segundo podrá serlo jurídicamente.