“Coincide el estallido público del escándalo con la primera vez que en la encuesta del CIS la Monarquía suspende en la valoración que de ella hace la ciudadanía”

Zarzuela guarda silencio. Aunque la preocupación, por lo evidente, debe de ser más que notable. Iñaki Urdangarín, yerno real, cuñado real, esposo de la Infanta Cristina, podría ser condenado a hasta quince años de prisión por malversación de caudales, fraude, cohecho y tráfico de influencias en el caso “Palma Arena”. Caso de corrupción que instruye desde hace meses en el Juzgado nº 3 de Palma de Mallorca el magistrado José Castro. Ciertamente, no es todo tan chusco como en el otro escándalo que viene ocupando portadas en los últimos tiempos, el “caso Campeón”. El yerno del Rey no acudía, a diferencia de José Blanco, contra quien se acumulan más que indicios y ahí sigue tan colocadito sin pensar en asumir responsabilidad política alguna, a gasolineras a llenar la bolsa. Pese a que estamos hablando de millones de euros y no de tres trajes, de momento parece que por parte de la Fiscalía Anticorrupción no habrá petición de imputación. Para colmo de desdichas, por cierto, Iñaki Urdangarín no tuvo mejor idea que meter en una de las sociedades bajo sospecha, aunque como mera comparsa por lo que cuentan en los mentideros, a la hija menor de los Reyes.

El caso es que el cerco se va estrechando entorno al único yerno del Rey. Y más después del registro que las autoridades efectuaron en la sede del Instituto Nóos hace unos días cuando se habría descubierto la desviación ilegal de dinero ajeno mediante la emisión de facturas falsas. El brazo derecho del silente Duque de Palma, Diego Torres, ha sido imputado. Ambos, ex jugador de balonmano y Torres, aparecen en el auto dictado por el juez Castro como creadores de una trama corrupta destinada a llevárselo crudito, por lo visto hasta 8 millones, gracias a favores de los gobiernos autonómicos de Valencia y Baleares, entonces en manos del Partido Popular. La marcha a Washington de la familia podría estar relacionada con la investigación judicial, me cuentan.

Coincide el estallido público del asunto, llevaba latente meses, con la primera vez que en una encuesta del CIS la Monarquía suspende en la valoración que de ella hace la ciudadanía. También con las declaraciones de un directivo de la Deutsche Bank que avisa que el final de semana en el que nos encontramos podría ser “definitivo” para la UE. Y en España con el fin de un ciclo político, acelerado por el hundimiento del sistema de economía mixta. Ciclo que comenzó en 1978 y que finiquitó por las bravas, en contra de la Ley pero no del político y desprestigiado Tribunal Constitucional, el Estatuto de Cataluña. Porque en eso estamos. En el fin de un régimen. El ocaso de la Transición. El runrún de quienes intentan salvar en el último momento y a la desesperada el consenso socialdemócrata se hace cada día más ensordecedor. Hay que intentarlo, piensan. Se juegan sus privilegios, que creen consolidados.

El escándalo está servido. Entretendrá al personal mientras casi todo se va al garete.

Anuncios