“¿Alguien ha cuantificado cuánto nos cuesta mantener diecisiete parlamentos, a cientos de ministrillos y diputadines y diputaditos, directores generales, gerentes, chiringuitos varios y empresas públicas?”

Llamados los responsables de las Comunidades Autónomas al orden por el gobierno de Mariano Rajoy, sólo la Junta de Andalucía, inmersa en uno de los mayores escándalos de corrupción de las últimas décadas, se opuso a un techo de déficit del 1,5%. La Cataluña de Artur Mas, que sigue “haciendo país” mientras cierra quirófanos y plantas enteras de hospital, se abstuvo de votar. Andan ya pensando en adelantar las elecciones autonómicas. El resto de Comunidades Autónomas otorgó. Empero, el problema es que pocos creen que vayan a cumplir lo acordado. Mientras no se legisle para que los políticos que incumplan sean juzgados y encarcelados, me temo que todo acuerdo sea papel mojado. Entretanto, por cierto, siguen abiertas las diputaciones. Sobran también un 30% de ayuntamientos que bien podrían fusionarse con otros. Demasiado político que no quiere perder su puesto.

Del mensaje de austeridad lanzado continuamente por el gobierno a la ciudadanía sorprende mucho que el gobierno afirme campanudo que el Estado central ya ha hecho todo el esfuerzo posible, mientras siguen abiertas RTVE, la agencia EFE, RNE y demás costosas siglas; mientras siguen presupuestados miles de millones para sindicatos (y ahora también para entidades acreditadas) en cursos de formación; mientras partidos, patronal y sindicatos siguen sin financiarse del dinero de sus afiliados; mientras Cultura reparte subvenciones a los de siempre; mientras una plaza escolar en un colegio público cueste más que la misma plaza en uno privado; mientras ONG y asociaciones varias se lo llevan crudito; mientras los diputados siguen ostentando privilegios y pensiones. No cuela.

De lo que no quiere hablar en serio la clase política es de aquello que ya es una evidencia para parte de la opinión pública: el fracaso político y económico del Estado de las Autonomías. Hablar de duplicidades o cierre de empresas públicas, que está muy bien pero se limita a lo económico, es quedarse muy corto. Supone esconderse del problema real que tímidamente apuntaba el otro día Rosa Díez, quien calla la defensa de su partido de una suerte de Estado federal desconocido en el resto del mundo.

¿Alguien ha cuantificado cuánto nos cuesta mantener (y no sólo en términos económicos) diecisiete parlamentos, a cientos de ministrillos y diputadines y diputaditos, directores generales, gerentes, chiringuitos varios y empresas públicas?

¿Habrá quién se atreva a ponerle el cascabel al gato? No lo creo. Se vendría abajo todo el camelo. Perdón, el sistema.

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