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A cuenta de la presunta extorsión de la que se acusa al jefe del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, comienzan a oírse no pocas voces pidiendo limitar o revisar, es decir, liquidar, la acusación popular. Pues bien, ésta es una figura procesal que permite, en representación de la sociedad civil y no de un particular, a quien invoque el quebrantamiento de la ley por parte del acusado, ser parte en el juicio. Algo que en España, en donde la politizada fiscalía no se sabe bien qué hace cuando los afectados son de los de mando en plaza, ha dado buenos resultados y puesto en aprietos a no pocos poderosos. De la Infanta Cristina, en donde el sindicato ahora bajo sospecha – acaban de pedir su expulsión de la causa, lo que supondría el archivo de la causa contra la hermana del Rey- ejerce la acusación popular mientras el fiscal Horrach lo hace de abogado defensor, al caso de los ERE en Andalucía, pasando por decenas de casos de corrupción y los relacionados con la banda terrorista ETA, en donde se personan habitualmente asociaciones de víctimas, cuando la fiscalía mira hacia otra parte. Algo habitual en la última década.

Es verdad que dicha acusación popular, que viene desde tiempos de la Pepa, puede ser utilizada torticeramente, como se vio en el caso Egunkaria o, según el auto del juez Pedraz de la Audiencia Nacional, en el caso de Unicaja, pero no es menos cierto que es una de las pocas prerrogativas que en España le quedan a la sociedad civil para defenderse de la cleptocracia y el nepotismo. Acaso por ello, me temo, la quieran liquidar. De hecho, comenzaron a hacerlo con la doctrina Botín y el caso Atutxa, por el cual el Tribunal Supremo estableció que si la fiscalía, o sea, el gobierno, no acompaña no se puede abrir juicio oral. Vaya por Dios. Y es que el pueblo estaba poniendo en aprieto a un banquero y a un político del consenso. Empieza, por otra parte, a ser normal que los jueces pidan a las acusaciones populares para poder personarse tanto dinero que imposibilitan, de hecho, su actuación. Una limitación arbitraria en toda regla.

Además, la acusación popular, puede servir para poner de manifiesto la ausencia de diligencia de la fiscalía, lo cual es otro problema… para el poder político y la fiscalía. Es decir, que su mera presencia motiva, en cierta medida, al ministerio público a actuar diligentemente. Cristina Cifuentes, por ejemplo, acaba de anunciar que la Comunidad de Madrid cumplirá lo establecido legalmente en 2005 y actuará como acusación popular en los casos de violencia de género.

Que haya abusos del ejercicio de la acusación popular, como los hay en tantas cuestiones, no debe servir de excusa para liquidarla. Lo que hay que hacer es perseguir el delito y al abusador, no liquidar derechos.

La cuestión, como ven, no es jurídica, por más que lo vayan a tratar de disfrazar. Es meramente política. Una vez más se trata de que el Estado lo controle absolutamente todo y no dejar resquicio alguno a la iniciativa del pueblo.

El único argumento real en contra de su mantenimiento e incluso fortalecimiento es que la sociedad civil en España de facto no existe, puesto que casi todo está subvencionado y depende de la voluntad política.