La cloaca era Pablo.

El vicepresidente del gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias Turrión, no está hoy imputado por la comisión de tres delitos porque disfruta del aforamiento parlamentario que él mismo calificaba en su día, cuando los imputados eran otros, de privilegio. Será el Congreso quien tenga que votar su suplicatorio, es decir, permitir al Tribunal Supremo abrirle causa por revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa agravado por razones de género. Un suplicatorio que siempre se ha concedido, ya que no hacerlo sería una intolerable intromisión en la separación de poderes. Tic, tac, Pablo.

La reacción de Podemos ante la más que posible imputación de su líder ha puesto negro sobre blanco el espíritu totalitario de la formación, que se ha lanzado a un linchamiento mediático y en redes sociales del magistrado del Juzgado Central de la Audiencia Nacional número 6. Por otra parte, Iglesias rechaza dimitir, pese que se ha pasado años exigiendo dimisiones a otros. Tampoco ha comunicado que acudirá, como podría hacer en atención al artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a declarar voluntariamente ante el Tribunal Supremo. No. Lo que ha hecho el vicepresidente de Asuntos Sociales que no ha recibido ni una vez a las gentes de las residencias de mayores es ponerse en plan victimista y hablar de una conspiración contra él. Algo, por supuesto, lógico en la mentalidad totalitaria que considera la mentira un arma revolucionaria desde tiempos de Lenin. Por supuesto, ha arremetido contra el director del medio de comunicación que fue la causa de la estafa democrática conocida como ‘caso Dina’.

Un caso que pone de manifiesto lo que es Podemos: un movimiento populista emergido de las teorías del comunista Foro de Sao Paulo que considera que sus dirigentes están por encima de la Ley. Esto es posible porque consideran que el poder judicial forma parte del ‘establishment’, de esas oligarquías que ellos vienen a derrocar para implantar su régimen antidemocrático. No es casual el intento de retorcer la ley para domeñar al Consejo General del Poder Judicial. Como no es casual el linchamiento de los jueces. En Venezuela, una de las primeras acciones del criminal Hugo Chávez consistió en asustar al resto de magistrados, ordenando la encarcelación de la juez María Loudes Afiuni, “presa personal de Chávez” cuando ésta ordenó la libertad bajo fianza del banquero Eligio Cedeño. Desobedecer al tirano le costó diez años de prisión bajo cargos inexistentes en la legislación venezolana. Tiempo en que fue víctima de torturas y violaciones. Un caso ejemplarizante para el resto de jueces, no se les ocurriera desafiar la incipiente dictadura que acabaría asolando Venezuela.

En España, el Poder Judicial, sólido y eficiente, no parece dispuesto a tolerar el ordeno y mando de Sánchez, Iglesias y Delgado, brazo ejecutor del condenado por prevaricación, Baltasar Garzón.

Es obligado por los demócratas defender la separación de poderes. También entre ejecutivo y legislativo. Porque lo que nos jugamos en esto es demasiado. “No somos cubanos”, decían los venezolanos. Cuidado con lo de “no somos venezolanos”. La naturaleza humana es la misma en todo el planeta y el odio comunista enmascarado detrás del populismo también es igual en todas partes.

Cerrar Madrid para arruinar a España: el plan de Sánchez para cambiar de Régimen

El gobierno de Isabel Díaz Ayuso no está, pese a los titulares de algunos medios, en rebeldía contra el Estado. Es un gobierno de demócratas que cumple con la ley. Pero ejercerá, como no podía ser de otra forma, el legítimo derecho a recurrir ante los tribunales lo que considera una resolución injusta para los madrileños. Una herramienta, la del recurso ante los tribunales, que en democracia se utiliza para dirimir conflictos. De hecho, la política entra en juego allí donde el Derecho no es capaz de pacificar las diferencias entre las personas. Las dudas legales que manifiesta la Comunidad de Madrid deben de ser resueltas por los jueces. No puede ser que el gobierno de Pedro Sánchez se haga con el gobierno de la Comunidad de Madrid por la puerta de atrás, jugando con la salud y economía de millones de ciudadanos, angustiados hoy porque no saben a qué atenerse ante la entente socialcomunista.

Cabe preguntarse por qué esa inquina de Pedro Sánchez, madrileño, contra Madrid. Una región por la cual el actual presidente del gobierno ha pasado sin pena ni gloria. Nadie recuerda nada del Sánchez concejal del ayuntamiento de Madrid. Tampoco como diputado nacional se le conoce una buena acción en favor de Madrid. Un Madrid en el que el PSOE no “toca bola” desde hace 25 años.

Madrid es la gran molestia para la tentación totalitaria que embarga toda la acción política del actual gobierno de España. Se trata de una región libre, con éxito innegable, que se muestra ante el resto del país como una alternativa al desastre irremediable que se produce allí donde gobiernan nuestros socialistas. Bajar impuestos y recaudar más. Libertad educativa y sanitaria. Respeto al ciudadano. Y todo esto, con los mejores servicios públicos del país. No lo soportan. Los coloca ante el espejo de su propia incompetencia.

Pero en esta ocasión, tengo para mí que, además de ese odio propio del neurótico incapaz de entender el éxito de quienes no ven el mundo a través del caleidoscopio de la ideología, nos encontramos ante la necesidad de un gobierno que ha dado un giro autoritario de hacer desaparecer la oposición constitucional. Hay que destruir al PP, la única alternativa de gobierno posible.

Y hay que arruinar España. Porque donde desaparece la clase media prospera el autoritarismo. Porque en las sociedades empobrecidas el discurso del populismo socialista triunfa. La paguita y el silencio de los corderos.

Para aquellos que están embarcados en un cambio de régimen (con el silencio cómplice de no pocos socialistas que se muestran escandalizados en privado)  resulta vital acabar con la Comunidad Autónoma que representa el triunfo del espíritu de reconciliación de 1978, el constitucionalismo, la defensa de la libertad. No se engañen, la arremetida del gobierno socialcomunista no es una arremetida republicana (dudo que Irene Montero sepa qué es la res pública).

Se trata de liquidar la democracia liberal que llegó de la mano por vía de reforma de la Constitución de 1978 para implantar un régimen autoritario, en el que solo ellos, los herederos de la transición por vía de ruptura que en su día representó el terrorismo leninista de la banda terrorista ETA, puedan acceder al poder. Ya lo dijo Pablo Iglesias: el PP no volverá a sentarse en el Consejo de Ministros. Es la frase que mejor retrata las intenciones totalitarias de quienes hoy nos desgobiernan.

Publicado en EsDiario el 2 de octubre de 2020

No quieren una República, quieren el poder absoluto.

Ante los ataques que, por parte de Podemos con la connivencia del PSOE, está sufriendo la Corona, conviene poner en perspectiva las intenciones totalitarias que se esconden detrás de dichas arremetidas. No nos encontramos en un debate entre República o Monarquía. Es más, Podemos desprecia profundamente el debate acerca de la República Constitucional, cuyo máximo defensor en España fue el intelectual Antonio García Trevijano. No. Ante lo que nos estamos es un intento de la izquierda de lograr un cambio de régimen político. De erigirse ellos en oligarquía única y hegemónica. De ahí la advertencia de Pablo Iglesias al PP: “no volveréis a sentaros en el Consejo de Ministros de España”. Recuerda demasiado a las advertencias que lanzó el linotipista Pablo Iglesias, el del PSOE, contra Antonio Maura, jefe del Gobierno el 7 julio de 1910. El 22 de julio Manuel Possá Roca, miembro de las juventudes del Partido Radical, intentó asesinarlo.

El proyecto de poder de Sánchez e Iglesias, cuyo alma máter es Rodríguez Zapatero, es antidemocrático. De ahí el intento de colonización de todas las instituciones, como estamos viendo con el Poder Judicial; permitir la subversión de las leyes como estamos viendo en el caso de los golpistas de Cataluña, o la sustitución de instituciones democráticas por alternativas “del pueblo”. Esto último sucedió en Madrid bajo los gobiernos de Manuela Carmena, cuando sustituyeron la legitimidad democrática de las Juntas Municipales de la ciudad por unos foros que, según ellos, representan la voz del pueblo. Ellos, por supuesto, son el pueblo. Y el no pueblo es todo aquél que ese le opone. Algún día Ciudadanos tendrá que explicar por qué se ha negado a la derogación de dichos foros, Acaso no lleguen a comprender la gravedad de permitir la constitución de instituciones alternativas a las democráticas.

Para lograr su objetivo los totalitarios necesitan demonizar la Transición hacia la democracia, que se hizo por vía de reforma, contando con el apoyo del PCE y el PSOE de entonces. La transición por vía de ruptura, que es lo que hoy está encima de la mesa, la defendían momento los más radicales, los leninistas de la banda terrorista ETA. Y los separatistas. Podemos es heredero intelectual de aquél intento de “venganza”, que fracasó entre la sociedad española que salía de 40 años de dictadura, que a lo único que aspiraba (y aspira) es a vivir en libertad. Tienen, también, que liquidar la Constitución de 1978. Y no vamos a permitir que lo hagan. Porque lo que nos jugamos es nuestra libertad. La de todos.

Publicado en El Noticiero de Madrid el 1 de octubre de 2020