La cloaca era Pablo.

El vicepresidente del gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias Turrión, no está hoy imputado por la comisión de tres delitos porque disfruta del aforamiento parlamentario que él mismo calificaba en su día, cuando los imputados eran otros, de privilegio. Será el Congreso quien tenga que votar su suplicatorio, es decir, permitir al Tribunal Supremo abrirle causa por revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa agravado por razones de género. Un suplicatorio que siempre se ha concedido, ya que no hacerlo sería una intolerable intromisión en la separación de poderes. Tic, tac, Pablo.

La reacción de Podemos ante la más que posible imputación de su líder ha puesto negro sobre blanco el espíritu totalitario de la formación, que se ha lanzado a un linchamiento mediático y en redes sociales del magistrado del Juzgado Central de la Audiencia Nacional número 6. Por otra parte, Iglesias rechaza dimitir, pese que se ha pasado años exigiendo dimisiones a otros. Tampoco ha comunicado que acudirá, como podría hacer en atención al artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a declarar voluntariamente ante el Tribunal Supremo. No. Lo que ha hecho el vicepresidente de Asuntos Sociales que no ha recibido ni una vez a las gentes de las residencias de mayores es ponerse en plan victimista y hablar de una conspiración contra él. Algo, por supuesto, lógico en la mentalidad totalitaria que considera la mentira un arma revolucionaria desde tiempos de Lenin. Por supuesto, ha arremetido contra el director del medio de comunicación que fue la causa de la estafa democrática conocida como ‘caso Dina’.

Un caso que pone de manifiesto lo que es Podemos: un movimiento populista emergido de las teorías del comunista Foro de Sao Paulo que considera que sus dirigentes están por encima de la Ley. Esto es posible porque consideran que el poder judicial forma parte del ‘establishment’, de esas oligarquías que ellos vienen a derrocar para implantar su régimen antidemocrático. No es casual el intento de retorcer la ley para domeñar al Consejo General del Poder Judicial. Como no es casual el linchamiento de los jueces. En Venezuela, una de las primeras acciones del criminal Hugo Chávez consistió en asustar al resto de magistrados, ordenando la encarcelación de la juez María Loudes Afiuni, “presa personal de Chávez” cuando ésta ordenó la libertad bajo fianza del banquero Eligio Cedeño. Desobedecer al tirano le costó diez años de prisión bajo cargos inexistentes en la legislación venezolana. Tiempo en que fue víctima de torturas y violaciones. Un caso ejemplarizante para el resto de jueces, no se les ocurriera desafiar la incipiente dictadura que acabaría asolando Venezuela.

En España, el Poder Judicial, sólido y eficiente, no parece dispuesto a tolerar el ordeno y mando de Sánchez, Iglesias y Delgado, brazo ejecutor del condenado por prevaricación, Baltasar Garzón.

Es obligado por los demócratas defender la separación de poderes. También entre ejecutivo y legislativo. Porque lo que nos jugamos en esto es demasiado. “No somos cubanos”, decían los venezolanos. Cuidado con lo de “no somos venezolanos”. La naturaleza humana es la misma en todo el planeta y el odio comunista enmascarado detrás del populismo también es igual en todas partes.

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