El trumpismo de Podemos.

El populismo no es una ideología de izquierdas o derechas. Es una forma autoritaria  de hacer política que divide el mundo entre los buenos y los malos; el pueblo y el “no pueblo”, los de arriba y los de abajo; los nacionalistas o los constitucionalistas. El discurso del populista siempre apela a emociones negativas como el odio, el resentimiento o la ira a sabiendas de que así movilizan a su electorado y por eso el populismo siempre acaba con imágenes de violencia.

No es lo mismo, por otra parte, populismo que electoralismo. Los demócratas apelan a emociones positivas, como la ilusión o la esperanza y gobiernan para todos. No es el caso de Carmen Calvo, quien en declaraciones a El País dijo que el gobierno busca “culminar un trabajo que es bueno para la izquierda de este país”. Para la izquierda, no para los españoles, como denunció Cayetana Álvarez de Toledo.

Cuando el 6 de enero seguidores del populista Donald Trump asaltaron el Capitolio, los populismos nacionalistas y socialistas españoles se echaron las manos a la cabeza. El populismo de derechas trató de mirar hacia otra parte. Pues bien, los escandalizados son mismos que en septiembre de 2020 jaleaban a quienes intentaban asaltar la Asamblea de Madrid. Los mismos que en 2018 fletaron autobuses para rodear el parlamento andaluz porque el PSOE había sido desalojado del poder; los mismos que apoyaron el acoso al parlamento catalán en medio del golpe sedicioso o los mismos que llamaban en 2014 a rodear el Congreso de los Diputados. El antecedente fue el asalto a las sedes del PP durante las trágicas jornadas de marzo de 2004. Lo hacían, en nombre del pueblo. O sea, de ellos mismos. Sucede igual en Cataluña con quienes no son nacionalistas, pero también en España con quienes no comulgan con el leninismo cultural imperante.

Estos días leemos, vemos o escuchamos a populistas de izquierdas como el documentalista Antonio Maestre defender que nada tiene que ver una cosa con la otra. Es la ceguera ideológica del socialista, que actúa como dispensa moral. Porque es exactamente lo mismo: considerar que las instituciones democráticas no son válidas y por eso deben de ser sustituidas por otras a imagen y semejanza del populista. El cornudo asaltante de Washington y el propagandista de La Sexta tienen en común su desprecio hacia la democracia liberal, base de las sociedades libres.

Publicado en Sierra Madrid en enero de 2021.

Celaá y Sánchez contra el futuro.

La reaccionaria ‘Ley Celaá’ supone un ataque sin parangón contra la libertad educativa en nuestro país. Una ley que nace muerta, al no haber sido aprobada por consenso, sino impuesta por la izquierda radical. El Partido Popular dará la batalla en defensa de los españoles, acudiendo tanto al Tribunal Constitucional como a la Unión Europea y presentando mociones en ayuntamientos, diputaciones y parlamentos regionales.

Si es grave el ataque contra el español, que dejará de ser la lengua vehicular en la enseñanza, vulnerando así el artículo 3 de la Constitución de 1978 que establece que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla y dando satisfacción al separatismo catalán y vasco; si es grave el ataque contra la escuela concertada que en Madrid eligen casi el 25% de las familias; si es gravísimo  cruel y malvado ataque contra las familias que tienen a sus hijos en centros de educación especial que se perpetra en la disposición adicional cuarta de la ‘Ley Celaá’; si es grave para los estudiantes la desaparición del mérito, calidad y excelencia en la educación en nombre de un antidemocrático igualitarismo ramplón que permitirá pasar de curso sin estudiar ni aprobar y que nada tiene que ver con la igualdad de oportunidades, lo peor es el fondo autoritario que subyace en esta legislación injusta.  Una legislación cateta y aldeana que impedirá que los jóvenes españoles compitan en igualdad con los jóvenes que saldrán de las aulas francesas, alemanas, italianas, portuguesas o estadounidenses, cercenando así su futuro laboral y creando frustración entre las nuevas generaciones.

La ‘Ley Celaá’ , por un lado, pretende homogeneizar en la mediocridad la enseñanza, de forma que los padres no puedan decidir la educación que quieren para sus hijos, dejándolos en mano del Estado. Algo que, además de atacar el artículo 27 de la Constitución, anunció la ministra de Educación, Isabel Celaá, cuando afirmó que “los niños no son de los padres”. Es el viejo sueño totalitario, una realidad en dictaduras pero que va contra los fundamentos de cualquier sociedad libre. No es pues casual que el Partido Popular haya recogido miles de firmas en su contra o que las familias salieran a la calle un domingo de noviembre reclamando libertad.

Por otro, el gobierno Frankenstein que pacta los Presupuestos Generales del Estado con el brazo político de ETA, sigue adelante en su plan de cambiar el régimen constitucional de 1978 por la puerta de atrás. Actualmente los totalitarios ya no pretenden asaltar el Palacio de Invierno, ya que saben que la forma más efectiva de implantar su régimen en las sociedades occidentales, infantilizadas después de décadas de socialdemocracia, es utilizando la legislación para hacer un cambio “de la ley a la ley”.

En este sentido, el intento de cargarse la poca independencia que le quedaba al Poder Judicial, los ataques recentralizadores contra la Comunidad de Madrid, las leyes de desigualdad de Irene Montero, el decreto mordaza contra los medios de comunicación y la libertad de expresión van todos en el mismo sentido: la venezolinización de España. Un giro autoritario que no debe de imputarse solo a Podemos, una formación claramente totalitaria, sino también al PSOE, que ha muerto de la mano de Pedro Sánchez, dispuesto a hacer lo que sea con tal de permanecer en el poder.

Contra todo esto, el PP dará la batalla. Porque es el partido de la moderación, de las costumbres democráticas y, sobre todo, de la libertad.

Publicado en Madrid es Noticia en noviembre de 2020

Las fake news como excusa para la censura.

Hace menos de una década todo eran loas hacia la libertad que supuestamente Internet estaba facilitando. Algunos advertimos ya por aquél entonces que la red de redes iba a acabar siendo una herramienta de propaganda estatista nada libre. El tiempo nos ha dado la razón. Hoy las redes sociales e Internet son de todo menos libres.

Las reñidas elecciones norteamericanas del 3 de noviembre no se han jugado solo en las urnas. En Twitter, plagada de bots y trolls, los partidarios de uno y otro candidato defendían vehementemente sus posiciones. Hasta que Jack Dorsey, CEO de Twitter, ordenó, en pleno recuento de votos, censurar mensajes del republicano Donald Trump. Trump cuenta en dicha red con más de 87 millones de seguidores, sin tener en cuenta a quienes estábamos la noche electoral de infarto atentos a sus mensajes y a los del demócrata Joe Biden. Una intromisión antidemocrática, se esté con quien se esté, para quienes amamos la libertad. La excusa de Dorsey para actuar como un vulgar censor, proteger a los usuarios, a los que el cofundador de la red social en decadencia considera menores de edad. “Alguna parte o todo el contenido compartido en este Tweet ha sido objetado y puede ser engañoso respecto de cómo participar en una elección u otro proceso cívico”, advertía Twitter.

La izquierda actual se  esconde detrás de la excusa de las fake news, que es la propaganda de toda la vida, para censurar contenidos. Algo que tiene su aquél, si tenemos en cuenta que la izquierda vive instalada en la posverdad, que no es más que una suma de trolas constantes cuyo objetivo es construir una realidad paralela y orwelliana, como vemos a diario en TVE. Se trata de dar argumentos a los suyos para vencer en la batalla dialéctica, y no de ofrecer información veraz y objetiva. 

En España, el gobierno acaba de anunciar un plan, firmado por la vicepresidenta Carmen Calvo, que le permitirá monitorizar y controlar la información. Los que lanzan continuamente mentiras decidirán por tanto qué es una fake news y qué no. Por otra parte, ya se sabe a quién son cercanas tanto Newtral como Maldita, las dos empresas de fact checking.

Ante lo que estamos, con la colaboración del mundo pijiprogre de Silicon Valley, es ante la imposición de la mordaza a quienes pensamos diferente. Toda una involución democrática.

Publicado en Sierra Madrid en noviembre de 2019

La cloaca era Pablo.

El vicepresidente del gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias Turrión, no está hoy imputado por la comisión de tres delitos porque disfruta del aforamiento parlamentario que él mismo calificaba en su día, cuando los imputados eran otros, de privilegio. Será el Congreso quien tenga que votar su suplicatorio, es decir, permitir al Tribunal Supremo abrirle causa por revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa agravado por razones de género. Un suplicatorio que siempre se ha concedido, ya que no hacerlo sería una intolerable intromisión en la separación de poderes. Tic, tac, Pablo.

La reacción de Podemos ante la más que posible imputación de su líder ha puesto negro sobre blanco el espíritu totalitario de la formación, que se ha lanzado a un linchamiento mediático y en redes sociales del magistrado del Juzgado Central de la Audiencia Nacional número 6. Por otra parte, Iglesias rechaza dimitir, pese que se ha pasado años exigiendo dimisiones a otros. Tampoco ha comunicado que acudirá, como podría hacer en atención al artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a declarar voluntariamente ante el Tribunal Supremo. No. Lo que ha hecho el vicepresidente de Asuntos Sociales que no ha recibido ni una vez a las gentes de las residencias de mayores es ponerse en plan victimista y hablar de una conspiración contra él. Algo, por supuesto, lógico en la mentalidad totalitaria que considera la mentira un arma revolucionaria desde tiempos de Lenin. Por supuesto, ha arremetido contra el director del medio de comunicación que fue la causa de la estafa democrática conocida como ‘caso Dina’.

Un caso que pone de manifiesto lo que es Podemos: un movimiento populista emergido de las teorías del comunista Foro de Sao Paulo que considera que sus dirigentes están por encima de la Ley. Esto es posible porque consideran que el poder judicial forma parte del ‘establishment’, de esas oligarquías que ellos vienen a derrocar para implantar su régimen antidemocrático. No es casual el intento de retorcer la ley para domeñar al Consejo General del Poder Judicial. Como no es casual el linchamiento de los jueces. En Venezuela, una de las primeras acciones del criminal Hugo Chávez consistió en asustar al resto de magistrados, ordenando la encarcelación de la juez María Loudes Afiuni, “presa personal de Chávez” cuando ésta ordenó la libertad bajo fianza del banquero Eligio Cedeño. Desobedecer al tirano le costó diez años de prisión bajo cargos inexistentes en la legislación venezolana. Tiempo en que fue víctima de torturas y violaciones. Un caso ejemplarizante para el resto de jueces, no se les ocurriera desafiar la incipiente dictadura que acabaría asolando Venezuela.

En España, el Poder Judicial, sólido y eficiente, no parece dispuesto a tolerar el ordeno y mando de Sánchez, Iglesias y Delgado, brazo ejecutor del condenado por prevaricación, Baltasar Garzón.

Es obligado por los demócratas defender la separación de poderes. También entre ejecutivo y legislativo. Porque lo que nos jugamos en esto es demasiado. “No somos cubanos”, decían los venezolanos. Cuidado con lo de “no somos venezolanos”. La naturaleza humana es la misma en todo el planeta y el odio comunista enmascarado detrás del populismo también es igual en todas partes.

Cerrar Madrid para arruinar a España: el plan de Sánchez para cambiar de Régimen

El gobierno de Isabel Díaz Ayuso no está, pese a los titulares de algunos medios, en rebeldía contra el Estado. Es un gobierno de demócratas que cumple con la ley. Pero ejercerá, como no podía ser de otra forma, el legítimo derecho a recurrir ante los tribunales lo que considera una resolución injusta para los madrileños. Una herramienta, la del recurso ante los tribunales, que en democracia se utiliza para dirimir conflictos. De hecho, la política entra en juego allí donde el Derecho no es capaz de pacificar las diferencias entre las personas. Las dudas legales que manifiesta la Comunidad de Madrid deben de ser resueltas por los jueces. No puede ser que el gobierno de Pedro Sánchez se haga con el gobierno de la Comunidad de Madrid por la puerta de atrás, jugando con la salud y economía de millones de ciudadanos, angustiados hoy porque no saben a qué atenerse ante la entente socialcomunista.

Cabe preguntarse por qué esa inquina de Pedro Sánchez, madrileño, contra Madrid. Una región por la cual el actual presidente del gobierno ha pasado sin pena ni gloria. Nadie recuerda nada del Sánchez concejal del ayuntamiento de Madrid. Tampoco como diputado nacional se le conoce una buena acción en favor de Madrid. Un Madrid en el que el PSOE no “toca bola” desde hace 25 años.

Madrid es la gran molestia para la tentación totalitaria que embarga toda la acción política del actual gobierno de España. Se trata de una región libre, con éxito innegable, que se muestra ante el resto del país como una alternativa al desastre irremediable que se produce allí donde gobiernan nuestros socialistas. Bajar impuestos y recaudar más. Libertad educativa y sanitaria. Respeto al ciudadano. Y todo esto, con los mejores servicios públicos del país. No lo soportan. Los coloca ante el espejo de su propia incompetencia.

Pero en esta ocasión, tengo para mí que, además de ese odio propio del neurótico incapaz de entender el éxito de quienes no ven el mundo a través del caleidoscopio de la ideología, nos encontramos ante la necesidad de un gobierno que ha dado un giro autoritario de hacer desaparecer la oposición constitucional. Hay que destruir al PP, la única alternativa de gobierno posible.

Y hay que arruinar España. Porque donde desaparece la clase media prospera el autoritarismo. Porque en las sociedades empobrecidas el discurso del populismo socialista triunfa. La paguita y el silencio de los corderos.

Para aquellos que están embarcados en un cambio de régimen (con el silencio cómplice de no pocos socialistas que se muestran escandalizados en privado)  resulta vital acabar con la Comunidad Autónoma que representa el triunfo del espíritu de reconciliación de 1978, el constitucionalismo, la defensa de la libertad. No se engañen, la arremetida del gobierno socialcomunista no es una arremetida republicana (dudo que Irene Montero sepa qué es la res pública).

Se trata de liquidar la democracia liberal que llegó de la mano por vía de reforma de la Constitución de 1978 para implantar un régimen autoritario, en el que solo ellos, los herederos de la transición por vía de ruptura que en su día representó el terrorismo leninista de la banda terrorista ETA, puedan acceder al poder. Ya lo dijo Pablo Iglesias: el PP no volverá a sentarse en el Consejo de Ministros. Es la frase que mejor retrata las intenciones totalitarias de quienes hoy nos desgobiernan.

Publicado en EsDiario el 2 de octubre de 2020

No quieren una República, quieren el poder absoluto.

Ante los ataques que, por parte de Podemos con la connivencia del PSOE, está sufriendo la Corona, conviene poner en perspectiva las intenciones totalitarias que se esconden detrás de dichas arremetidas. No nos encontramos en un debate entre República o Monarquía. Es más, Podemos desprecia profundamente el debate acerca de la República Constitucional, cuyo máximo defensor en España fue el intelectual Antonio García Trevijano. No. Ante lo que nos estamos es un intento de la izquierda de lograr un cambio de régimen político. De erigirse ellos en oligarquía única y hegemónica. De ahí la advertencia de Pablo Iglesias al PP: “no volveréis a sentaros en el Consejo de Ministros de España”. Recuerda demasiado a las advertencias que lanzó el linotipista Pablo Iglesias, el del PSOE, contra Antonio Maura, jefe del Gobierno el 7 julio de 1910. El 22 de julio Manuel Possá Roca, miembro de las juventudes del Partido Radical, intentó asesinarlo.

El proyecto de poder de Sánchez e Iglesias, cuyo alma máter es Rodríguez Zapatero, es antidemocrático. De ahí el intento de colonización de todas las instituciones, como estamos viendo con el Poder Judicial; permitir la subversión de las leyes como estamos viendo en el caso de los golpistas de Cataluña, o la sustitución de instituciones democráticas por alternativas “del pueblo”. Esto último sucedió en Madrid bajo los gobiernos de Manuela Carmena, cuando sustituyeron la legitimidad democrática de las Juntas Municipales de la ciudad por unos foros que, según ellos, representan la voz del pueblo. Ellos, por supuesto, son el pueblo. Y el no pueblo es todo aquél que ese le opone. Algún día Ciudadanos tendrá que explicar por qué se ha negado a la derogación de dichos foros, Acaso no lleguen a comprender la gravedad de permitir la constitución de instituciones alternativas a las democráticas.

Para lograr su objetivo los totalitarios necesitan demonizar la Transición hacia la democracia, que se hizo por vía de reforma, contando con el apoyo del PCE y el PSOE de entonces. La transición por vía de ruptura, que es lo que hoy está encima de la mesa, la defendían momento los más radicales, los leninistas de la banda terrorista ETA. Y los separatistas. Podemos es heredero intelectual de aquél intento de “venganza”, que fracasó entre la sociedad española que salía de 40 años de dictadura, que a lo único que aspiraba (y aspira) es a vivir en libertad. Tienen, también, que liquidar la Constitución de 1978. Y no vamos a permitir que lo hagan. Porque lo que nos jugamos es nuestra libertad. La de todos.

Publicado en El Noticiero de Madrid el 1 de octubre de 2020