Lo que Pablo tiene que explicar antes de cerrar al salir.

En los años 90, con el PSOE gobernando de forma hegemónica y mientras el Partido Popular se refundaba para ser alternativa de gobierno, Carlos Van Schouwen ponía en jaque el poder omnímodo de Felipe González. Se trataba del ex contable de las empresas Filesa, Malesa y Time Export, tapadera de la financiación ilegal del PSOE. Van Schouwen, despedido por el partido, tenía en su poder recibos, facturas originales y libros contables que demostraban la financiación ilegal de la campaña de 1989, año en que el PSOE pierde, por un escaño, su mayoría absoluta. Al PSOE le salvó que por aquel entonces que no estaba tipificado en nuestro Código Penal la financiación ilegal de partidos. El caso se saldó con ocho condenas de prisión.

Después llegaría el ‘caso Bárcenas’, que permitió, gracias a la modificación legislativa impulsada por el Partido Popular -a buen seguro que pensando en lo acontecido con Filesa-, imputar a la formación política de centro-derecha. “Mariano, sé fuerte”. El ex tesorero popular lo sabía todo y podía hablar. Se consideraba maltratado por la que había sido su casa durante décadas.

Hoy, José Manuel Calvente, despedido y acusado falsamente de acoso laboral y sexual por Marta Flor, la abogada de Dina Bousselham, tiene en su mano acabar con la formación de Pablo Iglesias. La historia se repite. Podemos acaba de ser imputado como formación política, varios de sus líderes tendrán que comparecer con abogado y procurador ante la Justicia, en lo que promete ser una larga instrucción.

De fondo, Neurona Comunidad, cuyo administrador único también ha sido imputado. Neurona Consulting, empresa mexicana, ya recibió en su día dinero de Evo Morales por la realización de 169 vídeos cortos. Calvente señala a Juan Carlos Monedero como el intermediario, “obteniendo fondos mediante contratos simulados, que luego servían tanto para su propio beneficio personal —a través de comisiones de intermediación cobradas por Monedero— como para financiar a partidos extranjeros y, posiblemente, también a Podemos, a través de microcréditos».

También han sido llamados a declarar por el juez Escalonilla el arquitecto de las obras de la nueva sede de Podemos, de 658 metros cuadrados de planta en cuatro pisos, comprada a través de la tía de Pablo Iglesias, pese a existir 5 ofertas más económicas, así como a los responsables de las empresas que hicieron la reforma. El coste de la obra ascendió a más de dos millones de euros. Paloma Pérez-Marín Turrión se embolsó 72.600 euros por la operación.

Rafa Mayoral, por disponer alegremente de los fondos de la llamada “Caja de resistencia” de Podemos. Se investiga qué hizo con 50.000 euros procedentes de dicho fondo.

El caso Dina

A este caso de nepotismo y presunta financiación irregular vía microcréditos hay que añadirle el de Dina, la joven amante de Iglesias vinculada con el partido de los amigos del Rey de Marruecos. ¿Es Dina, hoy editora de una web financiada por Iglesias que se dedica a insultar a periodistas, miembro de los servicios secretos marroquíes? ¿Qué papel jugó ella en el cambio de criterio de Iglesias, y por tanto de Podemos, en el tema de los saharauis? ¿Hubo ‘convoluto’ de por medio para lograr el cambio de criterio?

A Podemos se le acumulan los problemas. Iglesias más que jefe de un partido, es el jefe de un lodazal. Iglesias debe actuar y aclarar si estaba al tanto de la supuesta caja B de Podemos, que tan nervioso tiene en Twitter a Echenique. Pero también tiene que explicar por qué cambió de criterio con respecto a Marruecos. ¿Acaso a Podemos les dictan la política internacional dictaduras extranjeras? También debe explicar qué le llevó a elegir, de entre todas las ofertas presentadas a Podemos, el edificio que vendía su tía. Y por qué, siendo tan amante de las purgas -que se lo digan a Bescansa o Alegre-, ahí siguen Dina y su ex marido, Ricardo Sá Ferreira.

Curioso también el silencio del PSOE, dedicado estos días a hacer campaña, una vez más, contra Isabel Díaz Ayuso. Ningún ministro ha pedido explicaciones al vicepresidente del Gobierno, que está desaparecido. Pedro Sánchez guarda silencio, refugiado en alguna tumbona playera patrocinada por todos los españoles.

Pablo, sé fuerte y cierra al salir. Antes de que salga a la luz pública lo de Marruecos, Bolivia, Ecuador, Venezuela o Irán.

Publicado en Vozpópuli, el 17.08.2020

Alcaldesas populistas contra la clase media y baja

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Se celebraba esta pasada semana en Barcelona una interesante jornada, organizada por Students For Liberty, que es la organización de estudiantes libertarios más grande del mundo, en la universidad Pompeu Fabra. Jornada a la que tuve el honor de ser invitada para disertar acerca de los populismos. Ya saben, Podemos, pero también lo de Artur Mas, Forcadell y Forcades y las CUP. Así que nada como darse el día antes una vuelta por el feudo de la crecida y populista Ada Colau. La de “o me regalas pisos por las buenas o te los quito por las malas”.  ¡Qué gran idea la de juntar bancos malos para hacer uno peor! (Sigue leyendo en Vozpópuli…)

Lo de la concejal de Las Rozas que ha dimitido hoy, el PP y el PSOE.

Esto publicaba yo en mi columna de Diario Siglo XXI el pasado 16 de abril bajo el título «Gürtel, el principio del fin: Majadahonda«.

Por su parte, la esposa de Guillermo Ortega, según avanzo en la lectura del sumario cada vez queda más claro que el PP de Madrid se ha convertido en el feudo en donde hacen y deshacen diversas familias, Gema Matamoros, concejal en el vecino municipio de Las Rozas e histórica secretaria general de NNGG de Majadahonda, también habría adjudicado en 2002 y 2003 contratos a las empresas de la trama. Eso sí, siguiendo la estrategia de los presuntos corruptos, troceando los contratos en importes de menos de 12.000 euros. Las protestas del interventor municipal de Las Rozas de poco sirvieron. Correa se llevó la pasta. Increíblemente Gema Matamoros sigue a día de hoy ocupando su puesto como concejal de Educación así como su tenencia de alcaldía en el municipio (hay ocho tenientes de alcalde; debe ser para que cobren más) sin que el PP de Madrid o el propio alcalde roceño intervengan en absoluto. Tampoco el PSOE de Las Rozas denunció ante la Justicia los hechos cuando los conoció hace ya más de un lustro.

Hace dos semanas les contaba en «A Fondo» de Intereconomía Radio que Gema Matamoros no sólo no había dimitido, sino que era teniente de alcalde. Hoy se ha tenido que ir.

Esto dice el PSOE hoy.

Pero no había aparecido hasta ahora ninguna información concreta sobre posibles irregularidades en el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid. Sin embargo, del examen detallado de las Actas de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Las Rozas se desprende que la citada mercantil “Special Events, S.L.” también ha realizado trabajos para dicho Ayuntamiento. En dichas Actas figuran facturas pagadas por el Ayuntamiento de Las Rozas a “Special Events” por la realización de dos trabajos, al menos, consistentes en la organización de los actos de inauguración de las Olimpiadas Escolares del año 2002 y del año 2003, actos que fueron organizados bajo la competencia de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Las Rozas.

Mentira.

Si el PP de Las Rozas tiene que explicar por qué no puso de patitas en la calle a esta señora en 2003 el PSOE tiene que explicar en qué andaba entretenido mientras la intervención municipal denunciaba el troceo de contratos.

Los nuevos planes de Sindescargas contra la red.

Por si no teníamos bastante con la Ley del Canon que criminaliza preventivamente a los ciudadanos o la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible (Ley Sinde) que reintroduce la censura en nuestro ordenamiento jurídico, hoy leo en El Confidencial que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está dispuesto a liquidar, en beneficio de otros de sus grandes amigos, los editores de prensa, otra parte más de libertad en la Red. Hace tiempo que vengo sosteniendo que la SGAE no es el problema principal de toda esta campaña contra la libertad en la red. Son los bufones, por así decirlo, del movimiento. Aquí la clave son las editoras de prensa y las editoriales. Los de los libros de texto y los periódicos en papel que cada día son más deficitarios.

Así, haciendo caso a la petición de César Alierta (lo grave no es que Alierta, en esta economía mixta que sufrimos, quiera beneficios. Lo grave es que el gobierno legisle a favor de unos en contra de otros), parece ser que Ángeles González Sinde estaría dispuesta a intentar imponer la tasa Google, que consiste en que Google o Yahoo paguen una tasa a las operadoras por utilizar sus redes.

Tan mal me parece esta iniciativa como aquella que pretende imponerles a las operadoras la igualdad de bits. Lo único que cambia o se intercambia es el papel de perjudicado y beneficiado.

La ministra les recordó que en sus diarios se publican artículos favorables a las descargas en Internet o hasta se defiende la limitación en el plazo de los derechos de autor. En esta línea, les lanzó dos recomendaciones. La primera, la necesidad de que articulen un frente editorial común contra el ‘todo gratis’ en Internet. La segunda, que busquen amigos para apuntalar sus reivindicaciones, en clara referencia a las telecos. El propio presidente de Telefónica, César Alierta, ya aseguró a principios de febrero que Google, Microsoft o Yahoo “utilizan las redes sin pagar nada”, un modelo que “no va a poder seguir”.

Es decir, que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pretende dictarle las columnas y líneas editoriales a los medios de comunicación. Típico de un país totalitario.

Por otro lado, según estos editores «Google se aprovecha de las millonarias inversiones de los diarios en plantillas». Pues vale. Si yo fuera el director de Google dejaría, en cuanto pretendieran que les pagara un sólo céntimo,  de indexar los periódicos de estos editores.

A ver qué tal les iba a ir sin existir en la red. Tan sencillo como eso.

¿Qué podemos hacer los internautas? Se me ocurren, así sobre la marcha,  un montón de cosas. Podemos organizarnos on-line y hacer boicot a estas editoras al más mínimo signo de que vayan a cumplir lo dispuesto por Sindescargas. Podemos organizar mesas redondas off-line, algaradas pequeñas pero numerosas, speak corners y lo que haga falta para que hasta el último ciudadano de este país se entere de qué va la cosa.  Podemos iniciar una campaña on-line de envío de peticiones a Google para que deje de indexar estos medios… podemos hacer un montón de cosas.

Pero lo tenemos que hacer TODOS.

Alberto López Viejo: ¿historia de un final anunciado?

Es el político madrileño de moda cuyo nombre, asociado ya inexorablemente a la corrupción, anda en boca de todos los cenáculos y corrillos por el lío en que ha metido al Gobierno regional de Esperanza Aguirre por su implicación en la “Operación Gürtel” que instruye el ahora a favor del TSJM inhibido político socialista Baltasar Garzón, Pero ¿quién es realmente Alberto López Viejo, 41 años de edad y nacido en Madrid cuya página web personal aparece hoy inaccesible? ¿Puede sorprender a los conocedores de su trayectoria este lamentable final? ¿O es algo que estaba más que “cantado”? ¿Es aún posible su rehabilitación política?

Toda la carrera política del ambicioso madrileño, que según denunciaron en su día los sindicatos, obligó a los servicios de limpieza a dar lustre de rodillas a las aceras que iban a pisar la pareja Agag-Aznar y sus ilustres invitados cuando celebraron su despedida de soltero en la discoteca “Gabana” –cuyo propietario ha estado vinculado al PP; acudió a varias citas del denominado “Clan de Becerril”- se ha visto continuamente salpicada por la sospecha. Su nombre fue asociado a la corrupción municipal durante su gestión como edil de limpieza de la capital, siendo acusado de malversación de caudales públicos por la oposición socialista e investigado por el Tribunal de Cuentas.

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