A cuenta de la presunta extorsión de la que se acusa al jefe del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, comienzan a oírse no pocas voces pidiendo limitar o revisar, es decir, liquidar, la acusación popular. Pues bien, ésta es una figura procesal que permite, en representación de la sociedad civil y no de un particular, a quien invoque el quebrantamiento de la ley por parte del acusado, ser parte en el juicio. Algo que en España, en donde la politizada fiscalía no se sabe bien qué hace cuando los afectados son de los de mando en plaza, ha dado buenos resultados y puesto en aprietos a no pocos poderosos. De la Infanta Cristina, en donde el sindicato ahora bajo sospecha – acaban de pedir su expulsión de la causa, lo que supondría el archivo de la causa contra la hermana del Rey- ejerce la acusación popular mientras el fiscal Horrach lo hace de abogado defensor, al caso de los ERE en Andalucía, pasando por decenas de casos de corrupción y los relacionados con la banda terrorista ETA, en donde se personan habitualmente asociaciones de víctimas, cuando la fiscalía mira hacia otra parte. Algo habitual en la última década.
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Es war einmal... 