«Una vez cometido el parricidio, nadie, ni jueces, ni servicios sociales, ni psicólogos o trabajadores sociales del servicio de psicosocial adscrito al juzgado ha querido hacerse responsable de nada»
Andrea tenía siete añitos cuando papá la asesinó de dos disparos en la cabeza. Esa misma mañana del aciago 24 de abril de 2004, el padre advertía a la madre, Ángela: “te voy a quitar lo que más quieres”. Lo mismo que años después, por citar otro caso conocido aunque los hay en demasía, José Bretón hiciera para hacer daño a Ruth Ortiz.
En 2003 Ángela decidió huir de casa con lo puesto, después de que su aún esposo, Felipe, le pusiera un cuchillo en el cuello. Fue en ese momento cuando denunció ante la Justicia los abusos que venían sufriendo desde hacía años, solicitando al juzgado medidas cautelares, incluyendo en su petición que el régimen de visitas del padre con la pequeña fuese controlado y limitado. Así se concedió durante un tiempo. El maltrato, el acoso, contra madre a hija, sin embargo, jamás cesaron. Más de 40 denuncias interpuestas a lo largo de 4 años, así lo atestiguan. De las órdenes de alejamiento dictadas, sólo una incluyó a la niña y durante un breve lapso de tiempo. ¿Alguien lo entiende? En todo caso, dichas órdenes judiciales fueron incumplidas, sin que por ello recayera sanción alguna. No fueron tampoco pocas las ocasiones en que la madre puso de manifiesto ante los jueces, la policía o los servicios sociales su temor a que matara a la niña. El peregrinar durante lustros, la justicia si es lenta no es tal, por los juzgados españoles, debió de ser durísimo. Intento imaginarlo y me cuesta hacerlo. ¡Menudo calvario! ¡Cuánta impotencia! A Ángela le han fallado todos aquellos en quienes delegamos el monopolio de la fuerza. La protección de la vida, la libertad y propiedad es lo que justificaría, dicen sus partidarios, la existencia del Estado.
El padre, quien según psicosocial sufría un “trastorno obsesivo-compulsivo”, se refería a la madre, delante de la niña como a una “puta” y sometía a la pequeña a constantes interrogatorios acerca de lo que hacía o dejaba de hacer en su vida privada, lo que suponía una carga de estrés enorme para la menor. Pese a ello, el 17 de junio de 2012 se establece judicialmente que servicios sociales ya sólo será el punto de entrega y recogida de la menor. Servicios sociales no había pedido expresamente que el régimen de visitas siguiera siendo vigilado. Y así será ya hasta el día del asesinato de Andrea, en que mamá acuda a servicios sociales a recogerla y Andrea no aparezca, localizándola la policía en el domicilio paterno sin vida.
Una vez cometido el parricidio, nadie, ni jueces, ni servicios sociales, ni psicólogos o trabajadores sociales del servicio de psicosocial adscrito al juzgado ha querido hacerse responsable de nada. La irresponsabilidad fue certificada por los tribunales españoles. Luego algunos se sorprenden de que la Justicia sea pésimamente valorada por los ciudadanos en las encuestas del CIS.
Pues bien, esta semana, la ONU, a instancias de la ONG Women´s Link Wordlwide, ha emitido un duro dictamen, una condena, acusando al Estado español de no proteger de manera efectiva a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijos, obligando Estado español a reparar de manera adecuada y a indemnizar integralmente a Ángela González, así como a realizar una investigación que determine los fallos que existieron en su caso y que causaron que ella y su hija estuvieran desprotegidas.
¿No deberían de tener las personas condenadas por maltrato automáticamente restringido o prohibido su derecho de visita sobre los menores? ¿Cómo se puede pensar que quien maltrata puede ser un buen padre o madre? Pero la legislación (infinita) y la lógica hace tiempo que en España no van de la mano. Y ellos pese a que la ley no es justa por ser ley, sino que es ley si es justa.
Lamentablemente hoy en día en España, cuando una mujer como Ángela denuncia su situación, no faltan las voces que aseguran que los hijos están siendo víctimas de “Síndrome de Alienación Parental” (SAP), siempre alegado por los violentos para ocultar sus actos pero no sólo. De hecho, y esto es terrible, siguiendo los parámetros de medición de dicho síndrome que algunos pretenden judicializar, no es descartable que a Ángela la hubieran condenado, algunas sentencias en este sentido se están dando en los juzgados, obligando a Andrea a irse a vivir con su asesino. ¿Qué nos está pasando?
Conocida la condena por parte de la ONU no fueron pocas las personas que recordaban la existencia de denuncias falsas, la situación de indefensión de numerosos varones… como si ello justificara algo. Es lo que algunos, inmersos en una absurda lucha de sexos hacen reiteradamente en los últimos tiempos cuando una mujer denuncia maltrato. Cuando lo que urge es cambiar la legislación para que los hijos de las personas víctimas de violencia sean consideradas también víctimas y que las órdenes de alejamiento sirvan para algo. Y a poder ser, que se cierren los chiringuitos de psicosocial adscritos a los juzgados, siendo sustituidos por los servicios municipales, que son a quienes las víctimas de violencia suelen recurrir en primera instancia y suelen tener mayor información acerca de lo que acontece en el hogar. También que se empezase a castigar severamente el incumplimiento de los plazos establecidos en la ley por parte de los juzgados. Ni un niño más.
Publicado originalmente en Vozpópuli
Es war einmal... 